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Sara Costantini - Ciudad del Vaticano

El destino de los afganos obligados a regresar a su país se perfila como una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves de los últimos años. Un informe conjunto de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Afganistán (UNAMA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documenta con alarmante claridad las "graves violaciones" cometidas por las autoridades talibanes contra los ciudadanos afganos que han sido devueltos por la fuerza, en particular, desde Irán y Pakistán. Ambos países han acogido a millones de refugiados afganos en los últimos años, pero en los últimos meses han adoptado políticas restrictivas hacia ellos.

Presiones sin precedentes

Solo en 2025, más de 1,6 millones de afganos fueron repatriados, principalmente desde Irán. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que esa cifra podría ascender a 3 millones para finales de año. Esta cifra se suma al millón ya registrado en 2023, resultado de las políticas de expulsión implementadas principalmente por Teherán e Islamabad. Sin embargo, Alemania y Estados Unidos también se encuentran entre los países que han comenzado a deportar a inmigrantes afganos. Por lo tanto, los ciudadanos afganos se ven obligados a regresar a un país asolado por la inestabilidad política, la violencia sistémica y una grave inseguridad alimentaria y sanitaria.

Abuso de repatriados

Según las Naciones Unidas, los abusos que sufren los retornados incluyen tortura, malos tratos, arrestos arbitrarios y detenciones sin juicio. Roza Otunbayeva, Representante Especial del Secretario General de la ONU para Afganistán, enfatiza la necesidad crucial de asistencia para la reintegración: «La estabilidad de Afganistán depende de la responsabilidad compartida. No podemos permitirnos la indiferencia. El costo de la inacción se medirá en vidas humanas y en la reaparición del conflicto».

Complicidad y riesgos

El retorno forzoso de miles de personas a un contexto tan hostil plantea serias dudas sobre el principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional, que prohíbe el retorno de personas a territorios donde corren riesgo de persecución, tortura o tratos inhumanos. Según las agencias de la ONU, el traslado forzoso de afganos viola explícitamente este principio y exige una seria reflexión sobre la responsabilidad de los Estados involucrados. El Informe 2024-2025 de Amnistía Internacional confirma y refuerza el panorama presentado por las Naciones Unidas: Afganistán es ahora uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y las niñas, privadas sistemáticamente de sus derechos fundamentales, mientras que la represión de la libertad de prensa, la oposición política y la sociedad civil continúa de forma sistemática y brutal.