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Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Torturas, asesinatos, incendios, desplazamientos forzados, pueblos enteros arrasados por las bombas. En Myanmar no pasa ni un minuto sin que se registren atrocidades tras atrocidades. Desde 2021, año en que la junta militar tomó el poder mediante un golpe de Estado, el Ejército de Arakan —una de las organizaciones étnicas armadas del país— no ha dudado en matar a más de 7000 personas, al menos un tercio de ellas mujeres y niños, durante los combates por el control del estado de Rakáin. Pero esta macabra contabilidad podría no estar completa, ya que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solo llevó la cuenta hasta el pasado 20 de agosto, cuando redactó un extenso informe de denuncia con el que, el 2 de septiembre, gritó al mundo entero toda su indignación y su dolor.

Una crueldad sin sentido

Las páginas del documento, acompañadas de fotos y vídeos de la violencia, revelan que el estado de Rakhine, en la frontera con Bangladesh, donde todavía hay una fuerte presencia de rohingya, es el principal objetivo. El informe destaca que la situación actual se asemeja, en intensidad y crueldad, a la persecución que se produjo en 2017 contra este grupo étnico de religión islámica, obligado a lo largo de los años a desplazarse a campos de refugiados en países vecinos.

Alto el fuego ignorado

«El ejército de Arakan actúa con casi total impunidad, permitiendo que se repitan las violaciones en un ciclo infinito de sufrimiento para la población», explicó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todas estas atrocidades se han cometido ignorando incluso el alto el fuego firmado el pasado mes de marzo por todos los grupos armados en lucha entre sí, tras el trágico terremoto que destruyó el país y causó más de 5000 víctimas. Según los datos del informe, hasta ahora casi 30 000 personas han sido detenidas por motivos políticos, mientras que 22 000 permanecen recluidas, sin garantías procesales, en prisiones militares. La ONU, además de denunciar la situación, ha solicitado que los responsables sean remitidos a la Corte Penal Internacional.