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Francesco De Remigis – Ciudad del Vaticano

«A día de hoy, no nos sentimos amenazados ni por el Fondo Monetario Internacional ni por el Banco Central Europeo», escribió el ministro de Economía, Éric Lombard, en X, minimizando los temores de una hipotética intervención de las instituciones internacionales en Francia, expresados por él mismo y debidos a la incertidumbre política que vuelve a rodear al país tras la crisis política del verano pasado.

El ministro había dicho inicialmente que no podía descartar una intervención del FMI en Francia ante la nueva crisis política, desencadenada esta vez por las hipótesis de una nueva ley presupuestaria que, entre otras cosas, prevería un llamado «año blanco» para el 2026, en el que las pensiones no se ajustarían a la inflación.

Lo mismo ocurre con las prestaciones sociales, que «se mantendrán al nivel de 2025», precisó Bayrou. Y dos días laborables más al año, que actualmente son festivos, introducidos junto con otras medidas para sanear una deuda pública fuera de control.

Macron a los partidos: lleguen a un acuerdo

El presidente francés Macron ha pedido a los partidos que lleguen a un acuerdo en nombre de la estabilidad, que él mismo ha puesto a prueba al disolver la Asamblea Nacional el verano pasado, con el resultado de tener un Parlamento fragmentado y una mayoría solo relativa que apoya a un Gobierno que lleva ocho meses en el poder.

Macron «debe irse» si el primer ministro Bayrou no obtiene la confianza el 8 de septiembre, declaró el líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon. La misma opinión comparten la derecha lepenista y también los socialistas, que desde perspectivas opuestas tendrían, junto con otros grupos, los números necesarios para derrocar al ejecutivo de tendencia centrista.

Tres escenarios en el horizonte

Si el primer ministro Bayrou fuera destituido, se abrirían tres escenarios: una nueva disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Macron y, por lo tanto, una vuelta a las urnas parlamentarias. O bien, un gobierno residual con el nombramiento de un nuevo primer ministro, que sin embargo carecería casi con toda seguridad de la mayoría parlamentaria, dada la fragmentación surgida tras las elecciones del verano pasado.

O la solución más extrema, la dimisión del presidente de la República, desmentida sin embargo en varias ocasiones por Macron, quien ha declarado que ejercerá la presidencia «hasta el último cuarto de hora del mandato», que expira en 2027. No obstante, más de siete de cada diez franceses (el 72 %, según una encuesta de Elabe) esperan que el Gobierno no obtenga la mayoría de los votos en la Asamblea.

La ley de presupuestos impugnada

Hoy se espera la reunión del Consejo de Ministros, envuelta en la incertidumbre. Esta noche, el primer ministro aparecerá en televisión dirigiéndose directamente a los franceses, a las 20:00 en TF1, para explicar los motivos de sus decisiones, impugnadas por la oposición.

Tras los debates parlamentarios sobre la ley de presupuestos para 2025, que el año pasado provocaron la denominada «censura» del Gobierno de Michel Barnier, que duró apenas tres meses, y posteriormente una ley especial aprobada a principios de año por su sucesor, François Bayrou, para compensar la ausencia de una «ley de finanzas», los debates han vuelto a estar en pleno apogeo en la Asamblea Nacional. A mediados de julio, el primer ministro Bayrou presentó varias medidas en el presupuesto de 2026 destinadas a ahorrar cuarenta y tres mil ochocientos millones de euros.

Este proyecto de ley financiera, aún lejos de ser aprobado por el Parlamento, tiene como objetivo contribuir a reducir el déficit de las finanzas públicas francesas. Pero ha vuelto a unir a las oposiciones, aunque desde bandos opuestos, para derrocar de nuevo al ejecutivo. Tal y como ocurrió el pasado mes de diciembre.